En abril se define si Cristina Kirchner va a juicio oral

La Cámara Federal citó para el 14 de marzo a una audiencia con las defensas de los acusados. Luego quedará en condiciones de resolver si confirma su el procesamiento. Los próximos meses serán claves para la ex presidente Cristina Kirchner en la causa por las irregularidades en la concesión de la obra pública en la que está procesada como integrante de una asociación ilícita. La Sala I de la Cámara Federal convocó para el próximo 14 de marzo a una audiencia para tratar las apelaciones de todos los acusados en la causa. Y se prevé que los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia resuelvan en abril si confirman o revocan los procesamientos, informaron a Infobae fuentes judiciales.


Esa definición sellará el futuro judicial de la ex presidente: si se confirma el procesamiento quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral y público, si el juez del caso –Julián Ercolini– entiende que la investigación está cerrada. Sería el segundo proceso, ya que en la misma situación está en la causa del dólar futuro. En cambio, si la Cámara entiende que no hay elementos para acusar a la ex Presidente revocará el procesamiento y la sobreseerá.

Ercolini procesó a fin del año pasado a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López, a otros nueve ex funcionarios del aérea de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz y al empresario –también preso – Lázaro Báez por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, con un embargo de 10.000 millones de pesos sobre los bienes de cada uno. Otros cinco acusados recibieron una falta de mérito.

Todos fueron acusados por la asignación de obra pública vial que desde el gobierno, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kichner, se le dio a Báez para realizar en Santa Cruz sin ningún tipo de control, con beneficios económicos y que continuó a pesar de las irregularidades detectadas.

"Estamos frente a un acontecimiento de gravedad institucional sin precedentes dados los pormenores que componen la maniobra que se le achaca, toda vez que durante los años en los que perduró su mandato, permitió mediante su inacción que las diversas irregularidades que lograron ser desentrañadas y que compusieron una trama criminal de una complejidad inusitada, acaecieran", dijo el magistrado sobre lo que calificó como "un rol preponderante" de la ex Presidente en el caso.

Los procesados apelaron la decisión del juez y los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Iganacio Mahiques, hicieron lo mismo con la falta de mérito del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. Ercolini envió el caso a la Cámara Federal.

La Sala I recibió el expediente y el primer paso que se da en estos casos es fijar una fecha de audiencia en la que las defensas de los acusados pueden ampliar los fundamentos de su apelación.

La fecha de la audiencia –que es pública– es el 14 de marzo. Para que se concrete, las defensas deben pedir que sea oral. Sino, tienen plazo hasta ese día para ampliar sus fundamentos mediante un escito.

Después de la audiencia, el tribunal quedará en condiciones de resolver el caso. El Código Procesal Penal establece que en casos complejos la definición debe ser en cinco días. El plazo no es obligatorio, por lo que en causas voluminosas –la resolución de Ercolini tiene 794 causas y hay 13 procesados– se demora más tiempo.

Además de la obra pública, la ex mandataria está a un paso de ser enviada a juicio oral en la causa del dólar futuro. El fiscal Eduardo Taiano ya dictaminó para que pase a esa instancia junto a otros acusados –como el ex ministro de Economía Axel Kicillof–, lo que debe ser resuelto por el juez Claudio Bonadio.

Y en la causa "Los Sauces" debe declarar en indagatoria el próximo 7 de marzo, también ante Bonadio. En ese expediente está acusada junto a sus hijos Máximo y Florencia de presunto lavado de dinero y coimas porque la sociedad familiar "Los Sauces" le alquilaba propiedades a los empresarios Báez y Cristobal López y se sospecha que era una forma de retornar dinero por los negocios públicos que obtuvieron durante el kirchnerismo.